Observatorio de Corbiobío propone agilizar Ley de Transparencia 2.0
En la celebración del aniversario 39 de Corbiobío, cuyo objetivo es el desarrollo económico – social de las regiones, se plantea la urgencia de velar por la probidad del gasto público y fortalecer el acceso a la información hacia toda la ciudadanía.
El Observatorio de Corbiobío dio a conocer un informe que contiene 18 propuestas que apuntan a ampliar el acceso a información pública, agilizando la tramitación de la Ley de Transparencia 2.0, ante los diversos casos de connotación de la fe pública.
La iniciativa surge en el contexto del 39 aniversario de Corbiobío, en el marco del ciclo de Gobierno Abierto – Parlamento Abierto.
El informe se expuso ante representantes del sector productivo y universidades regionales, oportunidad en que el economista del Observatorio de Corbiobío, Ariel Yévenes, explicó la importancia de promover la Ley de Transparencia 2.0 para avanzar en la modernización del Estado eficiente y eficaz.
Yévenes recordó que este proyecto de ley ingresó en septiembre de 2018 y tiene urgencia calificada como “simple” y que ahora se busca darle celeridad (suma urgencia) en su tramitación legislativa para aplacar la corrupción a nivel público.
En lo específico, se busca ampliar la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, haciéndola aplicable al Congreso Nacional, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales, Contraloría General de la República y Banco Central.
También se hacen aplicables normas de la ley a empresas públicas, corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas municipales, así como a las personas jurídicas sin fines de lucro, que reciban fondos públicos.
En el marco de las propuestas pro transparencia del Observatorio de Corbiobío, el informe destaca:
• Poner suma urgencia a la tramitación de la Ley de Transparencia 2.0, para el uso correcto de fondos públicos de asignación y ejecución.
• Limitar trato directo y en pro de licitación y concurso.
• Registro de información pública que contenga los gastos de las transferencias que ejecuta el Estado hacia entidades privadas.
• Mayor regulación del lobby, considerando los casos de connotación pública.
• Portal web con información transparente sobre las instituciones beneficiarias que reciben recursos públicos.
• Agilizar la tramitación de la Ley de Compras Públicas, para resguardar el uso correcto de fondos públicos.
• Revisión de la normativa que rige a los servicios públicos y entidades privadas que reciben fondos públicos.
• Cumplir con el envío periódico de registros de trabajadores de servicios públicos a la Dirección de Presupuesto.
• Ley marco que rija las transferencias del Estado a privados.
• Minimizar la discrecionalidad en las transferencias.
• Disponer de informes de cumplimiento.
• Información detallada de transferencias se debe incorporar al portal Presupuesto Abierto.
• Establecer normativa sobre la ejecución de fondos públicos, rendición de cuentas y garantías.
• Implementar registro único de instituciones privadas que reciben fondos públicos.
• El Registro de Colaboradores debe actualizarse.
• Instaurar una Agenda de Probidad.
• En probidad, considerar énfasis en deudas pendientes vinculadas al empleo público.
• Limitar la contratación de cargos de confianza política.
Este informe se canalizará ante las comisiones respectivas del Congreso Nacional y el ministerio Secretaría General de la Presidencia, para su pronta consideración.
